SEGMENTO ECONÓMICO.

PRIMEROS PASOS DE LA GESTIÓN DE DOMINGO CAVALLO.

Ley de competitividad.

En el informe anterior (al 26/3/2001, se lo puede consultar en Internet) comentábamos la llamada Ley de Competitividad que, en esencia, contiene el impuesto a los débitos y créditos bancarios. 

El día 30/3/2001 se publicaron las normas de aplicación de ese impuesto. Sobre los aspectos netamente tributarios se hacen comentarios más adelante. 

Desde una perspectiva económica, podemos señalar lo siguiente: 

Alícuota del 0,25 % para débitos y también de 0,25 % para créditos.

Tal como se anunció, la alícuota resultó significativamente menor a lo autorizado por ley. El impacto, aún así, será de importancia. 

La alicuota diferencial quedó en el 0,075 %, para créditos y débitos, con lo que se llegaría al 0,15 % sobre el total de las transacciones. Esta alicuota será aplicable a consignatarios y comisionistas de hacienda y granos, liquidaciones a negocios que realicen las tarjetas de crédito y entidades que operen sistemas de cuentas electrónicas por Internet. Igualmente corresponderá esa tasa para las cuentas de uso exclusivo en actividades de intermediación y servicios de entidades bancarias, casas de cambio, corredores, agentes de bolsa y de mercado abierto.

Exentas quedaron las cuentas de empresas dedicadas a los servicios electrónicos de pagos por cuenta de terceros de servicios públicos, impuestos y otros servicios asimilables. 

Por ahora no se computa para IVA y Ganancias.

Tal como anticipamos, no se reglamentó, por el momento, esa posibilidad. Economía desea comprobar, primero, cómo evolucionará la recaudación. 

Pocos resquicios para no estar alcanzado por el impuesto.

El decreto reglamentario (Dec. 380/2001) contiene numerosas disposiciones para limitar posibilidades de evitar el pago del impuesto mediante la instrumentación de cobranzas y pagos que no empleen la cuenta corriente bancaria.

Poco es, en verdad, lo que parece que puede hacerse en ese sentido, aunque se están estudiando alternativas actuales o por crearse, que ayuden a reducir el impacto del impuesto. Debería, igualmente, analizarse caso por caso. 

Sin duda, una de ellas es el endoso de cheques de terceros. Pero esto tropieza con las normas de la ley que estableció una suma límite a partir de la cual los pagos deben ser instrumentados a través de bancos para ser considerados válidos. Ese límite, antes de $ 10.000,- es, a partir de la ley de competitividad, de  $ 1.000,-. 

Por otra parte, el Central ya reglamentó la limitación del número de endosos. Habrá un endoso para cheques comunes y dos para cheques de pago diferido. 

Las operaciones de comercio exterior no  están alcanzadas. Tendrá como efecto el reducir las etapas en las exportaciones y las importaciones. 

Se empezará a aplicar a partir del 3/4/2001. 

Ley de superpoderes (Ley 25414, B.O. 30/3/2001).

El Congreso le aprobó una serie de facilidades para que el Poder Ejecutivo, en verdad el Ministro Cavallo, pueda llevar adelante reformas que requerirían tratamiento en el Congreso. Con esta ley, el Poder Ejecutivo podrá hasta el 1/3/2002 dictar una serie de normas que constitucionalmente son competencia del Congreso.

Es notable cómo la aceleración de la crisis hizo que los legisladores cedieran facultades que en otros tiempos no habrían otorgado con facilidad. La sorpresa es mayor todavía si se mira que quien las utilizará, principalmente Cavallo, es una figura bastante resistida en el ambiente político del Congreso. 

La “jugada” es, sin duda, muy hábil porque si bien el Presidente tenía ya la posibilidad de dictar decretos de “necesidad y urgencia”, se había encontrado con dificultades prácticas para lograr que varios de ellos pudieran entrar en vigor. El poder legislativo retaceaba su aprobación y, como si esto fuera poco, el judicial frecuentemente dictaba medidas de no innovar que paraban la aplicación de esos decretos. Dos casos típicos son la reforma previsional (12/2000) y la desregulación de obras sociales (debió comenzar este año). 

¿Qué puede esperarse en este terreno? Anotemos los puntos principales: 

Ajuste en el Estado.

Para actuar sobre el estado, consiguió únicamente poderes sobre organismos descentralizados o autárquicos. No podrá cambiar la situación de los empleados de la administración pública central, pero sí la de estos organismos estatales que siguen siendo de importancia. Tampoco lo podrá hacer sobre el Pami, que pese a ser descentralizado, quedó expresamente excluido. No deben esperarse cambios efectivos en este terreno, aunque sí alguna medida de impacto de medios de comunicación. Es decir, no creemos que se reduzcan los costos de personal del sector público.

Modificación de ley de ministerios. 

Es más probable esperar que se incremente el número de ministerios para cubrir necesidades y pedidos de socios políticos. En verdad, esto puede aumentar el gasto. Ya se habla de ministerios de producción y de turismo. 

Poderes sobre normas impositivas. 

Se basan en crear o eliminar exenciones en los impuestos vigentes, ya que no podrá crear otros nuevos.

No pueden alterarse exenciones que benefician a economías regionales, cooperativas, mutuales, sindicatos y obras sociales. 

Sí podrán devolver o compensar con otros tributos el saldo a favor de IVA conocido como “saldo técnico”, que surge de las diferencias entre débitos y créditos fiscales que, hasta ahora, solo podía recuperarse contra saldo a pagar de IVA generado por la propia empresa. Entendemos que, de reglamentarse esta facilidad,  tendrá una aplicación muy restrictiva. No debe olvidarse tampoco que el estado debe una gruesa suma no ya por “saldo técnico” sino por saldo de “libre disponibilidad”, que se originan por efecto de los regímenes de retenciones y percepciones del impuesto. Ya en tiempos de Roque Fernández se llegó a dictar una resolución por la cual se ofrecería la devolución con bonos. Algunos ubican esa deuda en 7000 millones, aunque probablemente sea menor. Sería interesante retomar aquella propuesta. 

También podrán crearse regímenes de regularización fiscal y facilidades de pago (es inminente el lanzamiento de una nueva moratoria). 

Podrán modificar procedimientos aduaneros, tributarios y de recaudación previsional para otorgar a las provincias y Ciudad de Buenos Aires igual tratamiento que al Estado Nacional. Sería muy bueno, aunque poco probable, que se buscara la unificación de organismos de recaudación ya que actualmente se observa con frecuencia que un mismo contribuyente recibe inspecciones simultáneas unas con otras de entes de control nacionales, provinciales (de varias provincias cuando se actúan en todo el país) y hasta municipales. 

También podrán otorgar diferimientos, reintegros, deducciones en provincias afectadas por la privatización de empresas públicas. 

Poderes para establecer tasas. 

Podrán crear tasas. Las tasas, a diferencia de los impuestos, al menos en teoría, requieren de una contraprestación directa por el pago que se efectúa. Por ejemplo: tasas de alumbrado y limpieza. En estos casos, las tasas deberán estar vinculadas a proyectos de infraestructura y la percepción de la tasa deberá efectuarse a partir de la finalización de la obra. Esta norma permitirá dar en concesión con mayor facilidad obras públicas. Puede ocurrir, entonces, que se relance el plan de infraestructura tantas veces demorado. 

Poderes para “desregular”. 

Una vieja “lucha” de Cavallo que le trajo grandes peleas con varias profesiones (escribanos, agrimensores, farmacéuticos, etc.). En aquellos años, sus impulsos tuvieron un alcance territorial limitado, que no llegó mucho más allá de la antigua Capital Federal, por depender en esa época directamente del Poder Ejecutivo. Era un loable propósito frente al cual muchas provincias se ocuparon de evitar que se “desregulara” dentro de sus jurisdicciones. Algunas provincias crearon más regulaciones luego de su alejamiento del ministerio.

La desregulación no podrá “tocar” los códigos civil, minero y de comercio. Tampoco normas penales, laborales, previsionales, de asignaciones familiares, y el marco regulatorio del empleo público. 

Límite a privatizaciones y a cesión en garantía. 

No podrán privatizarse ni darse en garantía empresas públicas, universidades, el Banco Nación, AFIP y el Pami, entre otros entes estatales. 

Límites en despidos y sueldos.

El ejercicio de estas facultades delegadas no habilita al Poder Ejecutivo a producir despidos ni rebajas en sueldos y jubilaciones. 

Desregulación y mejora de los mercados de capitales y de seguros.

Pueden modificar el marco regulatorio de estos mercados sin lesionar el control y procurando mejorar la eficiencia y la transparencia. 

LO QUE SE ESPERA. 

Como se comentó antes, está suspendida la desregulación de obras sociales y es inminente la suspensión del decreto de reforma previsional dictado en diciembre del año pasado (sobre ambos temas hemos informado antes). Por ese motivo, se suspendieron los pases de obras sociales sindicales a obras sociales de dirección y se suspendieron las nuevas comisiones que se disponían a empezar a cobrar las AFJP. 

El equipo de Cavallo estudiará algún cambio en esos temas para presentar a la opinión pública, pero en esencia no debería esperarse mejoras de importancia. 

Algunos compromisos con los dirigentes sindicales y el ánimo de no irritar a los legisladores, lleva a pensar que es poco probable que aparezcan reformas importantes en esos temas. 

La gente de Cavallo sí impulsará acuerdos con las provincias para tratar de eliminar los famosos impuestos de sellos e ingresos brutos. Es un objetivo no cumplido en su anterior paso por el ministerio. No será fácil avanzar en ese terreno porque los montos recaudados por esos impuestos son muy importantes para las provincias. Ingresos brutos, solamente, genera más de 8.000 millones por año. 

Se buscará tratar de que baje el riesgo-país y se reduzca el costo financiero que soporta el estado para sostener su deuda. No parece fácil, pero se intentará apoyos directos por parte de los Estados Unidos. El ministro anunció que no colocará deuda en el exterior hasta que no entrevea la posibilidad de bajar la tasa. Sí, en cambio, anunció que mantendrá el cronograma de LETEs (el 10/4/2001 deberían licitarse 700 millones). 

En otro plano, cabe esperar que sectores muy castigados reciban algunas mejoras. Es probable que esto beneficie, en primer término, a las industrias textiles y metalúrgicas. 

La confianza de la gente aumentó claramente en estos días y algunos sectores vieron crecer el volumen de ventas. Sin embargo, todavía debe esperarse para ver si efectivamente se afianza una tendencia favorable. 

No es desatinado esperar que las cotizaciones de títulos y acciones recuperen una gran parte de lo perdido en los meses de febrero y marzo, donde la economía del país estuvo sumida en un lamentable desconcierto. 

Como comentamos a principios de año, resolver los aspectos financieros no era suficiente para corregir la falta de crecimiento y alto desempleo que vive el país. Pasó así Machinea. Tampoco se aceptó un ataque exclusivamente orientado por el lado del gasto público. Algunos sectores con alto peso político abreviaron el paso de López Murphy por Economía. Llegó, en fin, el turno de Cavallo. 

DATOS MACROECONÓMICOS. 

EVOLUCIÓN DEL PBI EN EL AÑO 2000. 

Tal como se venía anticipando desde agosto de 2000, el año pasado cerró -nuevamente- con un retroceso del crecimiento del PBI. Como es obvio, el retroceso es mayor si se mide la renta per cápita debido a que la población sí tiene un crecimiento vegetativo. 

Veamos los datos: 

CAIDA DE GANANCIAS ENTRE LAS EMPRESAS. 

Un estudio del Banco Río - Grupo Santander basado en analizar los estados contables de más de cien empresas no financieras y 30 bancos, muestra la previsible caída en el nivel de ganancias que mostraron las empresas durante el año 2000. Aunque una revisión más detallada de esos datos descubre la cada más importante incidencia del sector petróleo y que en el año 2000 la disminución de los resultados netos con respecto al año 1999 se explica por el aumento de los costos financieros. 

También se pone de manifiesto una disminución en el retorno sobre activo (ROA) y en el retorno sobre capital (ROE). 

Veamos un resumen: 

En cambio, el sector financiero, sin el Banco Hipotecario, muestra mejores indicadores para el año 2000 que las empresas no financieras.